29 • jun. • 2017 Leticia Castro en Educación

El Espacio por la Accesibilidad (EPA) es un colectivo formado a principios de este año, integrado por personas con y sin discapacidad, que se propone generar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. En este marco lanzaron la semana pasada “Ocho propuestas para la educación inclusiva”, que son “fruto de un esfuerzo por pensar las soluciones necesarias para vida”.

Fiorella Buzeta, miembro del colectivo, aseguró a la diaria que al decreto recientemente aprobado que establece un protocolo de actuación para la inclusión educativa, que se presenta como una “guía de referencia y de consulta en relación a las buenas prácticas y los estándares de atención a las personas con discapacidad”, “le falta la bajada de línea para ver cómo se lleva a cabo; el protocolo necesita pulirse y es responsabilidad del Estado, por intermedio del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] y la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], que se promuevan las prácticas necesarias”.

Según el colectivo, los principales desafíos del sistema educativo son “la falta de información” sobre la cantidad de estudiantes con discapacidades y sus necesidades; “la falta de apoyos específicos para cada situación”, que puedan “eliminar barreras” en cuanto al aprendizaje; y “la falta de formación docente”. Con esos tres componentes en mente, el colectivo ideó estas ocho propuestas que buscan ser “soluciones concretas que sean parte de las políticas públicas educativas de manera permanente”, establece el comunicado.

En concreto

En cuanto a la formación de los educadores, EPA propone la creación de una cátedra en discapacidad e inclusión para los docentes, un área de especialización en formación en educación con estrategias pedagógicas para una planificación inclusiva. Con esta innovación se podrían revisar los programas de formación e incorporar los contenidos que hacen a la educación inclusiva.

Buzeta afirmó que el problema de capacitación en accesibilidad e inclusión, más allá de la formación docente, es generalizado a otras carreras: “Hoy en día no hay formación en inclusión en ninguna carrera de grado; a lo sumo hay alguna optativa en Arquitectura, pero nada más. Lo ideal es que los docentes terminen su formación con una idea básica de las discapacidades y cómo trabajarlas, y que por lo menos sepan a dónde recurrir cuando tienen un alumno que requiere otra ayuda”, afirmó.

Con respecto a la atención educativa, presentan tres propuestas. Por un lado, promover los “centros de recursos pedagógicos” que fortalecen los sistemas de apoyo por medio de “equipos especializados descentralizados que potencien las actuales estructuras”. Estos se complementarán con los equipos territoriales de apoyo a la inclusión, porque los actuales son “totalmente insuficientes”. Para EPA sería bueno institucionalizar y jerarquizar estos equipos en el territorio, para dar apoyo a docentes y estudiantes. Buzeta explicó que “en un comienzo funcionarían a demanda, cuando la institución se enfrente a la situación de tener que integrar a algún alumno o sepa que se integrará en un futuro”.

Junto a esto, también señalan la necesidad de un programa de continuidad educativa en los centros. Para eso cada institución deberá tener referentes que manejen la información de los estudiantes, analizarla y acompañarlos junto con los docentes en el tránsito entre los subsistemas.

Otra de las sugerencias del colectivo es valorar y seguir a los niños con discapacidad en educación primaria mediante un nuevo programa basado en el existente Uruguay sin Barreras, que se implementa desde 2013, por el cual un grupo de técnicos visita todos los hogares para relevar las necesidades de cada persona con discapacidad. De esta forma se tendría claro qué niños con discapacidad están cursando primaria, y se podría atender sus necesidades. “La idea sería copiar el mapeo que realiza Uruguay sin Barreras, aunque ese programa no está funcionando tan bien. Lo ideal sería hacerlo con la educación, para así relevar a estudiantes, maestros y escuelas, detectar las necesidades que tienen y poder tenerlos [a los niños con dicapacidad] monitoreados”, explicó Buzeta.

EPA también considera fundamental que se realicen cambios en los recursos presupuestales que se destinan al área. Proponen la creación de un “Fondo de accesibilidad para la inclusión educativa”, que permita contemplar problemas como barreras físicas, de transporte y de movilidad en general que tienen los centros educativos. En relación a este tema también creen que es necesario un fondo para la investigación pedagógica en educación inclusiva. Según Buzeta, “es necesario que se defina, desde la ley, qué parte del 6% del Presupuesto para la educación esté destinado a la inclusión, porque si no, siempre se termina diciendo que no hay presupuesto para mejorar las cosas”.

Por último, el colectivo recomienda jerarquizar a la Comisión Honoraria para la Continuidad Educativa y Socioprofesional para la Discapacidad, que funciona en la órbita de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, y generar un Consejo Nacional de Educación Inclusiva, que realice el seguimiento de la implementación de las distintas medidas relacionadas con el derecho a la educación de personas en situación de discapacidad.