Proyecto que fija cuota de empleo para personas con discapacidad tiene “amplio respaldo”

Camila Ramírez, diputada suplente del Partido Nacional, durante una actividad sobre discapacidad, ayer, en la carpa del PIT-CNT frente al Palacio Legislativo. Foto: Pablo Vignali

Camila Ramírez, diputada suplente del Partido Nacional, durante una actividad sobre discapacidad, ayer, en la carpa del PIT-CNT frente al Palacio Legislativo. Foto: Pablo Vignali

Desde el lunes, en la plaza 1º de Mayo, frente al Parlamento, está montada una carpa del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), el PIT-CNT y varias organizaciones sociales. No reclaman por presupuesto ni por avances en la negociación colectiva, sino por dar a conocer un proyecto de ley que promueve el empleo de personas con discapacidad y que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Durante toda la semana hubo charlas y talleres de sensibilización. Ayer, personas sordas e intérpretes explicaban a más de 100 asistentes cómo se comunican en lengua de señas y hubo aprendizajes rápidos: no se escucharon aplausos, sino que se vieron las manos en alto y en movimiento.

El proyecto, denominado “de inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado”, plantea que en las empresas que tengan más de 25 trabajadores haya un mínimo de 4% de los puestos ocupados por personas con discapacidad. También prevé licencias especiales para los padres que tengan hijos con discapacidad y para los trabajadores con discapacidad, y establece los mecanismos de incentivos, de control y sanciones por incumplimiento.

Desde abajo

El planteo de incorporar como demanda del movimiento sindical el derecho al trabajo de las personas con discapacidad surgió en 2014 en el marco de un encuentro programático del SUNCA, explicó Martín Nieves, de la Comisión de Discapacidad del sindicato y de su homóloga del PIT-CNT. Optaron por convocar a organizaciones sociales que trabajan en el tema y conformar una mesa permanente en la que se pudiera articular “el conocimiento a nivel organizativo y de movilización social que tienen los sindicatos con la experiencia acumulada de los diferentes colectivos que desde hace años reclaman por estos derechos”.

El proyecto de ley que finalmente se presentó fue el séptimo borrador al que había llegado la mesa permanente. Lo introdujo en la bancada de legisladores oficialista el diputado del Frente Amplio Óscar Andrade, ésta lo aprobó, y la iniciativa fue presentada como proyecto de ley en la Comisión de Legislación del Trabajo. Esta semana la carpa busca apuntalar la discusión que comenzó la comisión, que ya citó a autoridades de distintos ministerios, de la academia, de las cámaras empresariales y del movimiento sindical. Nieves manejó como antecedentes leyes similares que ya están vigentes en Brasil, Ecuador y Venezuela, mientras que se discute también en Chile; que en Uruguay se exige esa misma cuota a los organismos estatales y que hay varios convenios colectivos que ya introdujeron la cuota, por ejemplo el de los trabajadores de peajes.

“Algunas empresas trabajan desde hace tiempo por responsabilidad social; hay otras que toman la discapacidad a partir de aportes puntuales una vez al año”, dijo Nieves. De esta manera hacía referencia a eventos como la Teletón, pero recordó que cada año 500 personas resultan con discapacidades permanentes como consecuencia de accidentes laborales: “Si determinados sistemas de producción te generan una discapacidad, la empresa debería transitar por la cultura de la reinserción y reincorporación del trabajador”, opinó Nieves.

El proyecto tiene “amplio respaldo”, aseguró Andrade. Los representantes en la Comisión de Legislación del Trabajo plantearon acuerdo en general, aunque puede haber cambios en la redacción. Ayer hablaron en la carpa, además de Andrade, Daniel Radío, por el Partido Independiente, y Camila Ramírez, diputada suplente y sorda, por el Partido Nacional. Además de manifestar el respaldo a la iniciativa, remarcaron que más que aprobar la ley, es importante que se controle, y en ese proceso Ramírez amplificó la convocatoria: “Si entra una persona con discapacidad al trabajo, la mayoría no confía en ella: se preguntan si podrá hacerlo. Tenemos que confiar”.

Andrade destacó que la ley llegó “de abajo”: “Si metemos al movimiento obrero en este tema, o sea que el trabajador, a la vez que pelea por su quincena, controle que estas normas se cumplan, se estará generando un vínculo distinto”. Consideró que la perspectiva sobre la discapacidad “es una de las formas de exclusión más complejas culturalmente”, y que pasar “de la lógica de la caridad a la lógica de los derechos es un cambio tremendo”.

 

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